Embajadas en el aire

Por eso, para dilucidar temas como un posible crimen, hay que tener en cuenta el escenario del delito. Juan Manuel de Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén y especialista en ley espacial, aclara que todo objeto que se envía al cosmos debe estar registrado por el país que lo lanza. “Eso lo convierte en lo que se llama un caso de extraterritorialidad. En él regirán las leyes de dicho estado, como ocurre con un barco, una aeronave, una legación diplomática…” Una solución sencilla.
Al menos hasta la llegada de la ISS, una estación formada por módulos de Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia y la Agencia Espacial Europea (ESA) cuyo primer componente comenzó a planear sobre nuestras cabezas en 1998. Desde entonces está en proceso de construcción. Mientras se va completando con módulos enviados por las diversas agencias, ya ha sido visitada por 16 expediciones de astronautas. Un ejemplo de colaboración y entendimiento… que planteó en sus inicios un ardiente debate jurídico. La primera propuesta de la NASA contemplaba instaurar la ley estadounidense en toda la estación, algo que rechazaron los demás estados participantes. Tras años de discusiones, se llegó a un acuerdo por el que cada módulo se considera una especie de “embajada” del país que lo ha registrado. De ese modo, los experimentos que se realicen en él serán patentados según la correspondiente ley nacional.
Pero si uno de los diligentes tripulantes de la estación sufriera un improbable ataque de ira y agrediera a uno de sus compañeros, quizá de otra nacionalidad, las posibilidades de enjuiciarle serían más de una. “Dependiendo de la gravedad del conflicto, hay una tendencia a admitir que se le juzgará según la ley del estado del agresor”, matiza De Faramiñán.
Esa misma imprecisión afecta a situaciones bastante más distendidas, como el matrimonio. De las numerosas parejas de astronautas que ha conocido la historia, solo una ha tenido lugar “medio en órbita”. En 2003, el cosmonauta Yuri Malechenko se casó desde la ISS con la estadounidense Ekaterina Dmitriev. La forma de solventar el vacío legal que rodea a las nupcias espaciales fue celebrar la boda en Texas, donde estaba la novia. Ese Estado admite la ausencia de uno de los contrayentes. Pero este primer paso colocó este tipo de situaciones en la lista de asuntos pendientes para los legisladores. Especialmente, desde la llegada del turismo espacial. De hecho, los texanos Cindy Cashman y Mitch Walling ya han anunciado su intención de unirse este año en un avión en vuelo suborbital de la empresa privada Rocketplane XP.

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¿Ni para ti, ni para mí?
Otro de los aspectos candentes de salir a un entorno para el que, en principio, no estamos diseñados, es el peligro que semejante osadía entraña. El riesgo de accidentes está ahí, tanto porque un cohete se desintegre como porque algún humano despistado pueda engancharse por error en uno de esos miles de cablecitos o botoncitos y dar al traste con el último y carísimo megadispositivo de alta tecnología. Especialmente, si la causa del daño y el afectado por él pertenecen a naciones distintas aquí, en la Tierra.
El Tratado de Responsabilidad por Daños contempla este tipo de casos y estipula que los responsables últimos son los estados (y no las personas).
El incidente internacional más conocido tuvo lugar el 24 de enero de 1978. El satélite soviético Cosmos 954 se desintegró y esparció desechos radiactivos sobre suelo canadiense. El tema nunca llegó a un tribunal, y se resolvió tres años después con un acuerdo entre los gobiernos de ambos países. En él, la URSS se comprometía a pagar tres millones de dólares a Canadá. Rocío Caparrós, de la Federación Astronáutica Internacional (IAF) apunta que: “Aún hay un debate sobre si dicho acuerdo se basó en el Tratado de Responsabilidad o en negociaciones diplomáticas”. Aunque, una vez cobrado el cheque por los canadienses, esta polémica no parezca importar mucho, sí da una idea de hasta qué punto sigue abierto el derecho espacial.
Para facilitar las cosas, en la ISS –el escenario más probable hoy en día para un conflicto internacional por aquello del tropiezo con el cable– “se ha establecido una política de renuncia mutua a pedir responsabilidades entre los estados implicados”, explica Caparrós.

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