Si creíais que la libertad de expresión no estaba pasando por sus mejores momentos en redes sociales, os aseguramos que la cosa puede ir a peor. El departamento de Estado de EEUU quiere aprobar una ley que les permita exigir a los solicitantes de visado de entrada al país cuáles son sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube o Linkedin. No solo eso, sino también aportar detalles sobre cuáles son sus diferentes identidades en red en los pasados 5 años. Esta proposición podría afectar a alrededor de 15 millones de personas al año.

La cosa no queda ahí. Quienes deseen entrar, ya sea para vivir en el país como de turismo, deberán aportar los números de teléfono, direcciones de email y destinos que haya visitado en el último lustro. En caso de que hayas sido deportado de algún país o un familiar haya estado relacionado con actividad terrorista en algún momento, también deberá ser mencionado.

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Antes de que nos llevemos las manos a la cabeza, esto solo afectaría a aquellos países que no se encuentren dentro del programa de Exención de Visado, es decir que solo necesiten el documento conocido como ESTA (en inglés, Electronic System for Travel Authorization), un permiso que se solicita por Internet para pode viajar a Estados Unidos. Dentro del programa se encuentra, por ejemplo, la mayoría de los países de Europa, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Canadá, Chile o Japón, entre otras (puedes consultar aquí el listado). Fuera de esta lista y que tendrían que enfrentarse a este exhaustivo control estarían India, China o México.

Tras esta proposición se encuentra un interés de Estados Unidos y de Donald Trump en concreto de poder luchar contra el terrorismo islámico o incluso poder detectar signos de radicalización en gente que decida visitar su país. Se han comenzado a dar pequeños pasos en este sentido y consideran que las primeras pruebas están dando buenos resultados para ser más estrictos en la selección previa a la entrada.

Por el momento, se trata de una idea que debe ser aprobada por la Oficina de Gestión y Presupuesto. Luego debe pasar por dos meses de debate hasta que pudiera darse como aprobada oficialmente. Por el momento, los grupos que luchan por las libertades civiles ya han entrado en pie de guerra apuntando que se trata de una invasión en la privacidad de las personas y que ataca directamente a la libertad de expresión.

Alberto Pascual García