Daniel Beckwitt, un investigador estadounidense de 27 años especializado en seguridad, tenía toda la fama que quería en el terreno de los hackers. Era bien conocido, pero tenía un problema, temía que en algún momento, todos esos conocimientos se volvieran en su contra y que pudieran acabar con su vida, por lo que decidió construirse un búnker debajo de su casa, al cual se llegaría a través de un secreto sistema de túneles. Como no tenía los conocimientos para hacerlo él mismo, contrató a un joven de 21 años, Askia Khafra, para que fuera él quien lo hiciera.

[image id=»96645″ data-caption=»A la izquierda Daniel Beckwitt; a la derecha, Askia Kafra. Credit: Police department / Family» share=»true» expand=»true» size=»S»]

Las condiciones en las que trabajaba no eran las más seguras y el sistema eléctrico que pretendían integrar en la construcción era de todo menos eficaz. Se trataba de un sistema de cableado conocido como “cadena de margarita”, por el cual el equipo que utilizaba estaba unido de un dispositivo a otro hasta llegar hasta la zona donde trabajaba. Además, Beckwitt acumulaba cantidades anormales de basura en su hogar lo que provocaba que el área no fuera segura en caso de incendio. Algo que se comprobó el pasado septiembre, cuando una chispa incendió la casa mientras el joven Kafra estaba trabajando en el túnel. No pudo salir a tiempo y falleció.

Ahora un jurado ha considerado que Beckwitt cometió no solo un delito por una construcción ilegal bajo su hogar, sino también de asesinato por las condiciones laborales en las que había “contratado” al joven fallecido (de alguna manera u otra, a pesar de ser involuntario, se lo puso fácil para que una situación de riesgo le llevara a la muerte, cosa que pasó).

Según la documentación del caso, los túneles estaban siendo excavados a unos 6 metros del nivel del suelo y se extendían unos 60 metros de largo en el momento en el que encontraron el cuerpo. También se sabe que Beckwitt era muy celoso de su seguridad, por lo que siempre que llevaba al joven al hogar, lo hacía con los ojos vendados, por lo que no sabía la situación exacta.

Se enfrenta a una pena máxima de 30 años de cárcel, un nivel por debajo del asesinato premeditado por una acusación que en inglés se conoce como “depraved-heart” (corazón depravado), que permite acusar al autor involuntario de un asesinato como el responsable real del mismo, a pesar de que no existía intención de llevarlo a cabo.

Alberto Pascual García