La cárcel virtual

Si un reo controlado por GPS comete un asesinato, ¿qué falla: la TECNOLOGÍA o quienes la usamos?

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65.000 presos hay en España. 1834 reclusos son controlados por vía telemática cuando tienen permisos penitenciarios. 600 agentes velan por 91.491 órdenes de alejamiento, ha denunciado el Sindicato Policial. 160% por encima de su capacidad están las prisiones. Martutene, en San Sebastián, sube al 349,51%.

El sábado 29 de noviembre, Maximino Couto, de 60 años, salió de la cárcel de A Lama (Pontevedra) para disfrutar de un permiso. A las 16:36 h se desprendió del brazalete con GPS emisor-receptor que llevaba en el tobillo, lo que generó una alarma que llegó a la Unidad Central de Vigilancia Electrónica (UCVE) de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en Madrid. Por un fallo, técnico o humano, el funcionario no detectó la alarma, ni cumplió el protocolo: llamar a la prisión de A Lama para que avisaran a la ex mujer de Couto y a la Policía.
El interno invadió la zona de exclusión: 2.000 metros alrededor de la vivienda de su ex pareja, Herminia Buceta. No la localizó y fue a buscar a María del Rosario, su compañera sentimental, y la mató. Sobre ella no había orden de alejamiento. En esta Unidad de Vigilancia trabajan habitualmente 15 funcionarios en turnos, día y noche. Siete de ellos controlan los GPS. Actualmente, más de 1.800 reclusos son seguidos por control telemático, pero solo 30 disponen de GPS. Son presos a punto de cumplir condena o en régimen abierto. A Couto le faltaban 20 días para su libertad; se le condenó de nuevo, y dos semanas después se quitó la vida en su celda. ¿Cómo pudo burlar la seguridad? Las Autoridades hablan de error humano. El sindicato de prisiones ACAIP insiste en el fallo técnico y la falta de formación del personal que atiende el sistema informático. Ni uno ni otro pretexto convencen a los familiares de Rosario, y tampoco a las víctimas de la violencia doméstica. En 2008 han muerto 73 mujeres, y cerca de 400.000 sufren maltrato.

Un brazalete más seguro
En este cara a cara con el delito, la ciencia, la sociedad y las Autoridades se alían para agotar las posibilidades que ofrece la tecnología. Y España es un país puntero. Dentro de un par de meses podría estar operativo un nuevo tipo de brazalete, esta vez con alarma múltiple, para casos de riesgo mayor, unos 3.000. Paradójicamente, la inversión de cinco millones de euros se había aprobado solo una semana antes de la tragedia de A Lama. Este sistema telemático dará una protección más completa a las víctimas las 24 horas del día. Se ofrecerá a maltratadores con órdenes de alejamiento y en régimen de libertad, no a presos. En el paquete de medidas antiviolencia, el Gobierno incluye los llamados escáneres químicos y de rayos X, que sustituirán los cacheos a las visitas en las prisiones. Este escáner detecta si una persona manipuló drogas en las últimas horas o las esconde en su cuerpo. La lógica de cada proyecto no es sencilla. Entran en juego el avance científico, las limitaciones éticas y jurídicas de cada país, y los derechos humanos, incluido el del condenado. Los artífices de estos artilugios jamás deben desdeñar la imaginación del delincuente para evitarlos. Cabe preguntarse, por ejemplo, si los 500 metros que a veces deben separar al agresor de su víctima son suficientes para que la Policía tenga tiempo de reaccionar, desde que recibe el aviso, unos 20 segundos después de traspasar el límite.

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