26 de abril de 1986. Una fecha trágicamente histórica: el reactor número 4 de la central Memorial Vladímir Ilich Lenin de Chernóbil, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, explotaba diseminando grandes cantidades de cesio radiactivo.

Los efectos de este accidente han sido fuente de polémica en los años siguientes. Por ejemplo, 20 años después, la organización ecologista Greenpeace aseguraba en un informe que los muertos por Chernóbil superaban la cifra de 200.000 y preveían otros 93.000 más por cáncer. En cuanto a la zona de influencia de la nube tóxica, el informe aseguraba que habría afectado a toda Europa. En el caso de España, también se detectaron “cantidades de radiactividad menores, pero importantes”, especialmente en Cataluña y Baleares.

De esta manera, los responsables de esta ONG aseguraban que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) había subestimado estas cifras en su informe sobre el accidente.

Y es que la energía nuclear vuelve a estar en el punto de mira. Mientras algunos países defienden ampliar su uso en España se ha reabierto la polémica por la seguridad de estas instalaciones, tras diversos fallos en Ascó, Almaraz, Cofrentes y Vandellós. En este caso, las opiniones vuelven a estar encontradas. Por una parte, los responsables del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recalcan las medidas de seguridad y aseguran que se ha tratado de problemas sin gravedad. Por su parte, las organizaciones ecologistas subrayan los peligros de estas centrales y en concreto el envejecido estado de las españolas.

Y mientras tanto, la naturaleza vuelve a abrirse paso en Chernóbil, hasta el punto de que la zona de exclusión de la central se convertirá en un área protegida para la fauna.

Redacción QUO