Según un informe presentado por el Banco Mundial, la tala ilegal habría hecho ganar unos 12.000 millones de euros a bandas de crimen organizado.
En el documento, titulado «Justice for forests» se afirma que «la mayoría de las operaciones de este tipo se realizan por bandas de crimen organizado y lo que obtienen de la tala, muchas veces termina en los bolsillos de funcionarios corruptos«. Según afirma el Banco Mundial, el problema aumenta en los bosques de África Occidental, Sureste de Asia y América Latina donde el soborno a funcionarios está a la orden del día. Las organizaciones criminales sobornan a los funcionarios que controlan estas operaciones ilegales, con lo que las mafias pueden operar con total libertad. Según asegura la BBC «el daño ecológico de los taladores no se mide sólo en términos económicos sino humanos, por las comunidades locales que se ven afectadas, y el impacto en la vida salvaje de los bosques».
Los porcentajes de tala ilegal en algunos sitios es realmente alarmante. Según estima el informe del Banco Mundial, en Ecuador, por ejemplo, este es de un 70%, aumentando a un 80% en países como Perú y Bolivia. Según la lista de países afectados, también se incluye a Madagascar, Indonesia, y varias regiones de Sudamérica y África. Entre estos, Indonesia y Papua Nueva Guinea ya han comenzado acciones para endurecer los controles y han hecho un llamamiento al resto de regiones afectadas para que también lo hagan. De hecho el Banco Mundial asegura que en algunos países han conseguido bajar el índice mediante la penalización a través de la vía penal y/o criminal, e insta al resto a hacer lo mismo: «Cuando se trata de tala ilegal, debemos combatir al crimen organizado de la misma forma que perseguimos a los narcotraficantes», afirmó Jean Pesme, gerente de la unidad sobre integridad en mercados financieros del Banco Mundial para BBC. Actualmente, la mayoría de talas ilegales o no se reportan o son completamente ignoradas. En EEUU la cosa funciona de otra forma, pues hace tres años fue aprobada una ley conocida como Lacey Act, en la que se indica que las empresas norteamericanas deberán certificar que la madera que usan, o bien importan, ha sido suministrada por fuentes legales.
El informe señala también que «cada dos segundos se tala un área de bosque equivalente a un campo de fútbol en algún lugar del mundo» en consecuencia a la tala y exportación ilegal de madera.
Redacción QUO
